A/HRC/49/58
I. Introducción
1.
El presente informe, que abarca el período comprendido entre diciembre de 2020 y
diciembre de 2021, se presenta de conformidad con lo establecido en la resolución 74/133 de
la Asamblea General, en la que se solicitaba a la Representante Especial del Secretario
General para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados que presentara un informe
al Consejo de Derechos Humanos sobre las actividades emprendidas en cumplimiento de su
mandato, con información sobre los avances conseguidos y los desafíos que subsistían en
relación con la cuestión de los niños y los conflictos armados. La Representante Especial
también explica con detalle las actividades que ha emprendido en relación con la solicitud
formulada por la Asamblea en su resolución 72/245 de interactuar en mayor medida con los
Estados, los órganos y organismos de las Naciones Unidas y las organizaciones regionales y
subregionales, y de incrementar el número de actividades de concienciación pública, entre
otras cosas mediante la recopilación, evaluación y difusión de las mejores prácticas y la
experiencia adquirida. Con ocasión del 25º aniversario de la creación del mandato relativo a
los niños y los conflictos armados, la Representante Especial expone además los temas que
previsiblemente tendrán un impacto en el mandato en los próximos años y las esferas de
trabajo que será necesario destacar para reforzar la protección de los niños afectados por los
conflictos.
II. Progresos y dificultades en el cese y la prevención de
vulneraciones graves
A.
Progresos en el cese y la prevención de vulneraciones graves
2.
En 2021 se plantearon dificultades sin precedentes para la protección de los niños que
viven en zonas de conflicto. Los primeros nueve meses del año se caracterizaron por un
número elevado y sostenido de vulneraciones graves contra los niños. La matanza y la
mutilación de niños siguió siendo la vulneración verificada con mayor frecuencia, seguida
por el reclutamiento y la utilización de niños, y la denegación de acceso humanitario. Los
casos de secuestro de niños siguieron en aumento y se registraron números especialmente
elevados de casos verificados en Somalia, la República Democrática del Congo y la cuenca
del lago Chad. Sumándose a las emergencias políticas, de seguridad y climáticas, las
sucesivas olas de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) siguieron
aumentando la vulnerabilidad de los niños y dificultando la vigilancia y verificación de las
vulneraciones graves, así como las interacciones con partes en conflicto. A pesar de ello, la
titular del mandato contribuyó a la elaboración y la consolidación de políticas y sistemas, por
ejemplo en el ámbito de la justicia nacional, con el fin de proteger a los niños, ya sea mediante
planes de acción o mediante actividades de colaboración, sensibilización y apoyo técnico a
partes en conflicto.
3.
El hecho de que los talibanes retomaran el control de Kabul a partir de agosto de 2021
y la desintegración del antiguo Gobierno de la República Islámica del Afganistán, y con él
las Fuerzas Nacionales de Defensa y Seguridad Afganas, pusieron en peligro las políticas,
los procedimientos y los avances legislativos en materia de protección de la infancia logrados
por el anterior Gobierno. En el momento en que se redactó el presente informe, aunque las
Naciones Unidas seguían vigilando las vulneraciones graves cometidas contra los niños, se
planteaban numerosos problemas en relación con la verificación de las vulneraciones, como
una serie de limitaciones que impedían que los encargados de la vigilancia de la protección
de los niños, especialmente el personal afgano y femenino, trabajaran en condiciones de
seguridad.
4.
Entre enero y junio de 2021, antes de los hechos arriba mencionados, el Ministerio
del Interior impidió el reclutamiento de al menos 98 niños para la Policía Nacional Afgana.
En junio de 2021, en el marco del plan de acción de 2011 para hacer cesar y prevenir el
reclutamiento y la utilización de niños por la Policía Nacional Afgana, incluida la Policía
Local Afgana, la Oficina del Consejo de Seguridad Nacional puso en marcha una política de
protección de los niños afectados por el conflicto, elaborada con el apoyo de las Naciones
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GE.22-00022