A/RES/73/185
El estado de derecho, la prevención del delito y la justicia penal
en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Recordando su resolución 67/186, de 20 de diciembre de 2012, titulada
“La consolidación del estado de derecho y la reforma de las instituciones de justicia
penal, en particular en las esferas relacionadas con el enfoque a nivel de todo el
sistema de las Naciones Unidas de la lucha contra la delincuencia organizada
transnacional y el tráfico de drogas”, y su resolución 68/188, de 18 de diciembre de
2013, titulada “El estado de derecho, la prevención del delito y la justicia penal en la
agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo después de 2015”,
Consciente de la importancia de su resolución 70/1, de 25 de septiembre de
2015, titulada “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible”, que incluye el compromiso de promover sociedades pacíficas e
inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y
construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas, y
recordando a ese respecto su resolución 70/299, de 29 de julio de 2016, sobre el
seguimiento y el examen de la Agenda 2030 a nivel mundial,
Expresando su grave preocupación por los efectos negativos que todas las
manifestaciones de la delincuencia organizada transnacional tienen en el desarrollo,
la paz, la estabilidad y la seguridad y los derechos humanos,
Convencida de que el estado de derecho y el desarrollo están estrechamente
relacionados y se refuerzan mutuamente y de que la promoción del estado de derecho
en los planos nacional e internacional, entre otras cosas mediante mecanismos de
prevención del delito y justicia penal, es esencial para el crecimiento económico
sostenido e inclusivo y el desarrollo sostenible y la plena realización de todos los
derechos humanos y las libertades fundamentales,
Expresando aprecio por los esfuerzos que realizan los Estados Miembros para
promover el estado de derecho y fortalecer la prevención del delito y la justicia penal,
en particular integrando programas de desarrollo en sus iniciativas en ese ámbito,
Convencida de que la promoción y el respeto del estado de derecho en los planos
nacional e internacional, así como la justicia y la buena gobernanza, deben guiar las
actividades de las Naciones Unidas y sus Estados Miembros,
Poniendo de relieve su compromiso y firme voluntad política de apoyar unos
sistemas de justicia penal eficaces, imparciales, humanos y responsables y las
instituciones que los integran, alentando la participación efectiva y la inclusión de
todos los sectores de la sociedad, lo cual permitirá crear las condiciones necesarias
para promover el programa más amplio de las Naciones Unidas, y reconociendo la
responsabilidad de los Estados Miembros de defender la dignidad humana y todos los
derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, en particular las
afectadas por la delincuencia y las que están en contacto con el sistema de justicia
penal, incluidos los miembros vulnerables de la sociedad, independientemente de su
condición, que podrían ser objeto de formas múltiples y agravadas de discriminación,
y de prevenir y combatir la delincuencia motivada por la intolerancia o la
discriminación de toda índole,
Alentando a los Estados Miembros a que consideren la posibilidad de utilizar y
aplicar las reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito
y justicia penal a fin de fortalecer la imparcialidad y eficacia de los sistemas de
justicia penal, teniendo en cuenta la importancia del estado de derecho y su
pertinencia para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
Destacando la importancia de un sistema de justicia penal eficiente, imparcial,
eficaz y humano que funcione correctamente como base de una estrategia satisfactoria
para combatir la delincuencia organizada transnacional, la corrupción, el terrorismo,
la producción, la fabricación y el tráfico ilícitos de drogas, la trata de personas y otras
formas peligrosas de tráfico,
Reconociendo la importancia del estado de derecho para todas las esferas de
actividad en el sistema de las Naciones Unidas, y observando con aprecio los
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